Importancia de las poblaciones indígenas en el desarrollo

Las comunidades nativas son una cultura de la amazonía, perteneciente a una civilización diferente de la urbana, su modo de vida tiene como eje principal la relación directa con la naturaleza, medio donde ellos habitan, viven y desarrollan sus principales actividades de subsistencia, como la pesca, caza y recolección de plantas; y productivas como la agricultura, y la pesquería.

“Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas”, dice la constitución política del Perú, y además “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales” mencionan los tratados internacionales, como el artículo 2 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Las comunidades han sufrido desplazamientos, a causa de los proyectos de las actividades extractivas que desarrollan las políticas económicas del Estado, a través de las concesiones que otorga a grandes empresas industriales, minera, maderera e hidroeléctricas. Por ello se hace necesario que el Estado asuma su responsabilidad de considerarlos ciudadanos, con formas de vidas distintas que debe respetar.

“El Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, señala el artículo 169, artículo 6, inciso 1 de la OIT.

Expertos señalan que, para prevenir eventuales conflictos sociales, el respaldo del tratado de la OIT debe constituir una instrumentalización en las negociaciones con las empresas. Este sería el primer paso que permita un diálogo permanente con las poblaciones indígenas, para evitar tragedias como la de Bagua.

Por lo dispuesto en el artículo 55 de la constitución “Los tratados internacionales firmados, forman parte del derecho nacional”, por lo tanto toda decisión que se tome en la amazonía deberá ser consultada, aunque el Estado sea el dueño o administrador del subsuelo del territorio.

Actualmente existe la Ley de Consulta 29785, promulgada en setiembre del 2011, y reglamentada en mayo del 2012, que afirma el tratado de la OIT. Lo que debería servir para establecer protocolos de consulta para escenarios distintos, que le otorguen el carácter preventivo, de conflictos sociales, como el de Cañaris en Lambayeque, o Conga en Cajamarca. Su aplicación aún sería incompleta.

Luis Grimani Villasante